Los problemas penitenciarios


Los problemas penitenciarios

 

Alfonso Durazo se convertirá a partir del 1 de diciembre en la cabeza de un Sistema Penitenciario Nacional en el que la tercera parte de los penales padece sobrepoblación. Los datos más recientes del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social revelan que 111 de los 342 centros de reclusión del país están en esta situación, cuando, paradójicamente, hay cárceles en el país con lugares libres.  El problema es que los procesados o sentenciados por delitos que ameritan cárcel se acumulan en los estados de Jalisco, Durango, Hidalgo, Morelos, Chihuahua, Puebla, Tabasco, Nayarit, Guerrero, Nuevo León y Quintana Roo entidades que ya están por encima de la capacidad carcelaria. 

La evolución histórica de la pena privativa de la libertad o de prisión se transforma en sus diferentes épocas y lugares en todo el mundo, es prioridad en cambiar y hacerla más humanitaria con nuevos programas técnicos, siendo urgente impulsar de manera inmediata, con el apoyo del gobierno-sociedad una verdadera reforma integral al olvidado sistema penitenciario mexicano.

Uno de los principales compromisos de las autoridades será el sustancial mejoramiento del sistema de justicia en el Estado, impulsando profundas reformas tendientes a fortalecer las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, considerando que se tiene un gran rezago en esta materia, los penales que existen en el territorio nacional están saturados al registrar poblaciones que superan el 100 % de su capacidad.

La cadena del delito o sistema de justicia penal, tiene los siguientes eslabones, Seguridad Pública, Prevención del Delito, Procuración de Justicia, Administración e Impartición de Justicia, Readaptación Social y Reincorporación Social.

Es necesario un esquema de una reforma integral penitenciaria en el Estado. Entendiendo la preocupación que tienen de reivindicar las metas no logradas en la prevención y readaptación social en los penales, el objetivo es coadyuvar en la investigación, análisis y desarrollo de programas de nuevos métodos, técnicas y procedimientos para la debida organización, administración, funcionamiento, planeación y operación de los centros penitenciarios.

Se deben desarrollar diversos programas enfocados a impulsar profundas reformas tendientes a fortalecer las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, a fin de brindar mayor seguridad jurídica a los particulares en el goce de sus derechos y el ejercicio de su libertad, incrementar el acceso a la justicia y garantizar que las autoridades actúen con apego a la Ley.

El sentimiento social en que vivimos en una profunda inseguridad. La percepción de que las autoridades no actúan para combatir los delitos, ha provocado franca desconfianza en las instituciones.

Nada agravia tanto a la sociedad como la impunidad y nada demerita tanto a la autoridad, como señalarla de ineficiente. Por ello, es necesario revisar profundamente las normas jurídicas del sistema penal en beneficio de la prevención y readaptación social de los indiciados.

Son indispensables, a efecto de asegurar condiciones efectivas, eficaces, seguras y congruentes con la dignidad y el respeto de los derechos humanos.

Se puede realizar un ejercicio autocrítico sobre la forma de administrar los penales y su realidad, el Estado debe asumir la responsabilidad de custodiar a la población interna, manteniendo autoridad, seguridad, orden, respeto, disciplina y trato digno sin violentar sus derechos, brindarles la oportunidad de capacitación en el empleo remunerado, un tabulador con niveles de salario, condiciones dignas de reclusión, alimentación digna, educación escolar, actividades recreativas y deportivas, clínicas y consultorios, escuelas, oficinas y talleres esto incluye el centro femenil, para favorecer el proceso de readaptación y apoyarlos en su integración laboral, social y familiar.

Mantener el trabajo remunerado de los internos en el interior de los centros penitenciarios es fundamental, no solo por los beneficios que encierra como terapia ocupacional, sino también como forma de elevar la autoestima y fortalecer los lazos con su familia, todo interno que realiza un trabajo útil obtiene un ingreso económico que le beneficia y además puede ayudar al sostenimiento de su familia.

El director del penal pudiera conceder estímulos a los internos como premios a su esfuerzo, buena conducta o hechos meritorios, con base en la opinión que emita el consejo técnico interdisciplinario mediante un sistema permanente de valoración de la conducta y la calidad y productividad en el trabajo.

Es materialmente imposible implantar cualquier programa en la prisión en donde existe una superpoblación, los privilegios, la drogadicción, la promiscuidad, la corrupción y la extorsión, el coto de poder y control que algunos grupos de internos tienen en los penales es muy alto.

Deben contar con equipamiento policial moderno y  tecnológico para  elementos de seguridad vigilancia y custodia, esto se debe considerar como instalaciones estratégicas para el Estado, dependencias que no deben ser transgredidas por lo que deben extremar al máximo las medidas preventivas y correctivas de seguridad para su preservación, evitando así la evasión de reos.

Por este medio comentamos que la Ley que reglamenta las funciones de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sonora es obsoleta ya que cuenta con 40 años o más.

Roberto Fleischer Haro

Miembro de la IV generación de egresados de la Escuela de Policía del Estado de Sonora.

Registro Nacional de Seguridad Pública FEHR440205H26223583

E mail robertf.haro@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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